• El presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad ha hecho esta denuncia durante su intervención en el ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’
• La presidenta de la Fundación Aequitas ha reclamado dejar atrás los procesos de incapacitación para hablar del derecho a la provisión de apoyos
• El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ se celebra del 15 al 17 de noviembre en Elche y estará organizado por el CERMI Estatal, la Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad

(Elche, 16 de noviembre de 2017).- El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado este jueves que “los derechos humanos de las personas con discapacidad en España son todavía un dolor agudo y crónico, porque es algo que no está resuelto”.

Así lo ha puesto de relieve Pérez Bueno durante su intervención en el ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’, que se celebra del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, y que cuenta con la participación de una veintena de ponentes y la asistencia de más de 200 personas.

Durante su ponencia, el presidente del CERMI ha hecho un repaso sobre la incidencia de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico español. De esta forma, ha definido dicho tratado internacional como el “hecho político, social y jurídico más importante para las personas con discapacidad en lo que va de siglo. Necesitamos herramientas que nos sirvan para cambiar el entorno, que históricamente nos ha sido muy hostil”.

Eso sí, ha advertido de que “la Convención se juega sus síes y sus noes en el terreno de los estados, que son los sujetos primordiales en el derecho internacional, y también, aunque en menor medida, en las organizaciones supranacionales como la Unión Europea”, que pese  a que ha ratificado la Convención, “está muy lejos” de aprobar algo similar a nivel europeo.

Centrándose en España, el presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad ha enumerado algunos de los ejemplos “más lacerantes y discriminatorios” para las personas con discapacidad que siguen estando vigentes en el Derecho español. Entre ellos, ha subrayado la práctica de esterilizaciones forzosas que sufren principalmente mujeres y niñas con discapacidad; la falta del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad; la privación de libertad por razón de enfermedad mental, y la segregación de personas con discapacidad en ámbitos como el educativo por la falta de un único modelo inclusivo.

La institucionalización de personas con discapacidad por falta de apoyos que faciliten su vida en comunidad; la falta de apuesta por la accesibilidad universal, y destinar suficientes recursos públicos con coste económico para la discapacidad son otros aspectos detallados por Pérez Bueno, que ha exigido también que si se reforma la Constitución se eleven a categoría de fundamentales los derechos sociales.

APOYOS A LA TOMA DE DECISIONES

Por otra parte, el congreso ha acogido la mesa ‘La igual capacidad jurídica y los apoyos a la toma de decisiones: una reforma inaplazable’, durante la que Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Estatal de Fundaciones Tutelares, ha afirmado que “la inacción de los gobiernos ha permitido que en la mesa del juez haya textos diferentes sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, ya que el Código Civil “se ha quedado obsoleto” y “no se ha adaptado a la Convención de la ONU”.

En su opinión, la incapacitación supone en muchos casos “la muerte civil de la persona con discapacidad”. En este sentido, ha recordado que la Convención obliga a los países a aprobar leyes que respeten dicho tratado, algo que no sucede cuando al modificar la capacidad legal de una persona se le priva del ejercicio de múltiples derechos.

A este respecto, Almudena Castro-Girona, notaria y presidenta de la Fundación Aequitas, ha destacado la importancia del artículo 12 de la Convención, que recoge que “no se puede sustituir la capacidad jurídica de una persona, sino que debe tener los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos”. Además, ha lamentado que hayan transcurrido más de diez años desde que se aprobó la Convención y no se haya modificado el Código Civil.

Igualmente, ha criticado que todas las personas con discapacidad que pasan por un proceso de incapacitación ven “como se les trata con un criterio único, pese a que no hay dos personas iguales”. Por ello, ha añadido que el ordenamiento jurídico español está todavía “en las antípodas” de la Convención y ha reclamado que se corrija esta situación cuanto antes, mejorando la formación de los operadores jurídicos y “empezando por cambiar el nombre, dejando de hablar de términos como incapacitación, para referirnos al derecho a la provisión de apoyos, evitando judicializar la vida de las personas”.

El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ ha sido organizado por el CERMI, La Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad. Cuenta además con el patrocinio de Garrigues, Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de Elche y la Fundación Æquitas.