Así lo ha reclamado el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Lorenzo, durante el ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’

·         El encuentro se celebra del 15 al 17 de noviembre en Elche y está organizado por el CERMI Estatal, la Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad

El secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Lorenzo, ha hecho un llamamiento este viernes a involucrar a todos los operadores jurídicos para consolidar la rama del Derecho de la Discapacidad, “algo muy importante para lograr la verdadera igualdad, por lo que vale la pena intentarlo”.

Así lo ha expresado Rafael de Lorenzo durante la ponencia impartida en el marco del ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’, que se celebra en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, y que cuenta con la participación de una veintena de ponentes y con la asistencia de más de 200 personas.

En su ponencia, titulada ‘Hacia un nuevo Derecho de la Discapacidad: delimitaciones, configuración y contenidos’, ha insistido en la importancia del Derecho de la Discapacidad para alcanzar la verdadera inclusión manifestando que “el ordenamiento jurídico no sólo es fundamental para regular la vida en comunidad, sino que sirve para intervenir y reequilibrar las situaciones de injusticia social”. Igualmente, ha destacado la “complejidad” del Derecho de la Discapacidad, ya que afecta a muchos ámbitos del Derecho, “por lo que tiene una gran transversalidad”.

Por su parte, Esperanza Alcaín, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada, ha abordado las claves que delimitan quiénes son los operadores jurídicos (quienes trabajan en el ámbito del derecho, sean juristas o no). A su juicio, el movimiento de la discapacidad es también un operador jurídico, debido al “duro trabajo que lleva realizando durante muchos años. SI no hubiera existido ese trabajo, no estaríamos hoy donde estamos”.

Eso sí, ha advertido de que para que este operador jurídico pueda realizar su función hay que garantizar aspectos como la accesibilidad universal, garantizando así el igual acceso a la información y a la participación. También ha puesto de relieve la importancia que juega la ciudadanía en general en terrenos como la accesibilidad. “Por ejemplo, como consumidores, si encontramos un servicio o producto que no sea accesible y que es de suficiente relevancia, debemos reclamar”.

FISCALIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

Por otro lado, el congreso ha incluido también una ponencia del fiscalista Miguel Cruz Amorós, quien ha puesto en valor las políticas tributarias para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. “La fiscalidad de la discapacidad es fruto de un sistema puramente dinámico. Se ha ido generando a demanda una respuesta no global ni instantánea, sino progresiva en el tiempo, que ha llevado a la configuración de lo que podemos llamar un sistema de normas fiscales relacionadas con la discapacidad”, ha explicado.

En este sentido, ha comentado que se trata de tener en cuenta “la diferencia de capacidad económica que tienen las personas con discapacidad”, aunque ha puntualizado “que en ocasiones no es sencillo” cuantificar este aspecto. De hecho, ha indicado que “para poder disfrutar de deducciones fiscales es necesario disponer de renta suficiente, por lo que las políticas fiscales deben ser un complemento a los servicios sociales que deben llegar a las personas que lo necesiten”.

Precisamente, en relación con la financiación y prestación de servicios, Pablo Cobo, experto en políticas sociales, ha impartido una ponencia para hacer balance del funcionamiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. “La grave crisis de financiación que ha tenido este sistema ha sido por haberse ubicado en los presupuestos generales del estado (PGE), donde se han efectuado recortes indiscriminadamente en múltiples partidas presupuestarias”.

En su opinión, si se hubiera establecido la financiación de un modo más estable no hubiera sucedido lo mismo. Además, ha lamentado que en la actualidad se estén aplicando los baremos para valorar el grado de dependencia de una persona de un modo que hace que cada vez haya menos personas con derecho a apoyos. “Es necesaria una financiación suficiente para garantizar el derecho a la atención de las personas”, ha agregado Cobo.

Por último, la tercera jornada del ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’ ha acogido la presentación de otro caso de buenas prácticas. En concreto, se ha expuesto un proyecto impulsado por Plena inclusión Asturias, cuyo objetivo es adaptar los fallos judiciales a lectura fácil que afectan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de forma que puedan comprender de manera autónoma el contenido de las sentencias.

Dos personas se encargan de realizar la adaptación del fallo de las sentencias judiciales relacionados con procesos de incapacitación. Posteriormente, un grupo de validadores, que son personas con discapacidad intelectual, evalúan la accesibilidad cognitiva del texto adaptado, y una vez que se da el visto bueno se envía junto a la sentencia original a la persona afectada. La iniciativa se lleva a cabo con el apoyo del Principado de Asturias, que saca a concurso la contratación de este servicio.

El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ ha sido organizado por el CERMI, La Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad. Cuenta además con el patrocinio de Garrigues, Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de Elche y la Fundación Æquitas.