• Plena inclusión Asturias ha lanzado esta iniciativa, que se present en el ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’

El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ incluye entre sus múltiples mesas redondas y ponencias una exposición de un proyecto impulsado por Plena inclusión Asturias, cuyo objetivo es adaptar los fallos judicialesa lectura fácil que afectan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de forma que puedan comprender de manera autónoma el contenido de las sentencias.

Ana Montes y Aida Álvarez, responsables de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Asturias, son  las encargadas de exponer ante más de 200 profesionales relacionados con el ámbito jurídico y de la discapacidad las claves de este caso de éxito, desarrollado en colaboración con el Tribunal de Justicia de Asturias y los Juzgados de Familia de Oviedo, con el apoyo de la Dirección General de Justicia del Principado.

Por el momento, dos personas se encargan de realizar la adaptación del fallo de las sentencias judiciales relacionados con procesos de incapacitación. Posteriormente, un grupo de validadores, que son personas con discapacidad intelectual, evalúan la accesibilidad cognitiva del texto adaptado, y una vez que se da el visto bueno se envía junto a la sentencia original a la persona afectada. La iniciativa se lleva a cabo con el apoyo del Principado de Asturias, que saca a concurso la contratación de este servicio.

Al margen del lenguaje, la adaptación puede incluir simbología. Por ejemplo, si la sentencia aborda la privación del derecho al voto por razón de discapacidad, se puede incluir el dibujo de una urna.

La gerente de Plena inclusión Asturias, Casilda Sabín, explica que por el momento sólo se está haciendo con fallos sobre procesos de incapacitación, “aunque esperamos que se pueda ir extendiendo a todos los ámbitos en los que se vea involucrada una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

“Ahora, gracias a esta iniciativa, que por supuesto hemos compartido con Plena inclusión España para que se ponga en marcha en otras comunidades autónomas, las personas con discapacidad intelectual pueden conocer los motivos por los que son incapacitadas y no dejan de ser ellas en primera persona quienes acceden a la información. Estar incapacitado en algunos asuntos no tiene que ser sinónimo de no poder estar empoderado y tomar decisiones”, asevera Casilda Sabín.

Asimismo, hace hincapié en que en ocasiones puede parecer complejo acceder al mundo de la judicatura, pero sí que es posible haciendo pedagogía. “Nosotros no queremos modificar nada de lo que los jueces dictaminan, sino que adaptamos el lenguaje. Es algo que si se hiciera más frecuentemente facilitaría que personas con deterioro cognitivo, dificultades para leer o con bajo conocimiento del castellano pudieran comprender sin tantas dificultades las sentencias”, zanja esta experta.